En los últimos días, una serie de acusaciones infundadas han circulado en redes sociales contra varios periodistas dominicanos, como Edith Febles, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Marino Zapete y Mariasela Álvarez. Se les señala de recibir dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de impulsar una agenda de fusión entre Haití y República Dominicana.
Estas acusaciones, carentes de pruebas, han sido rechazadas categóricamente por los comunicadores aludidos, quienes las atribuyen a una campaña de desinformación orquestada para dañar su reputación y credibilidad.
La Fundación Zile ha expresado su respaldo a los periodistas, destacando su trayectoria profesional y su compromiso con una cobertura informativa equilibrada y objetiva de los temas migratorios. La fundación advierte sobre la peligrosa tendencia a presentar a Haití como una amenaza y a calificar como “traidores” a quienes abogan por la cooperación y el entendimiento entre ambas naciones.
Uno de los periodistas más atacados, Marino Zapete, ha desmentido enfáticamente las acusaciones en su contra. En una reciente entrevista, Zapete afirmó que jamás ha recibido un centavo de USAID ni de ninguna otra organización no gubernamental. Desafió a quienes lo acusan a presentar pruebas de lo contrario, ofreciendo una recompensa de un millón de pesos por cada centavo que puedan demostrar que ha recibido.
Hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia que respalde las denuncias contra los periodistas. Todo parece indicar que se trata de una campaña difamatoria para silenciar voces críticas y desacreditar a profesionales de la comunicación que defienden la transparencia y la democracia en la República Dominicana.
La participación ciudadana también ha sido mencionada en estas acusaciones, señalándola como una ONG que supuestamente recibía fondos de USAID. Sin embargo, al igual que en el caso de los periodistas, no se han aportado pruebas que sustenten tales afirmaciones.
Este episodio pone de manifiesto la creciente polarización y el clima de intolerancia que se vive en el país, donde las acusaciones sin fundamento y los ataques personales se utilizan como armas políticas para socavar la libertad de expresión y el debate público.