En una serie de reportajes hechos por el programa N Investiga, expone a la luz pública la documentación falsa de títulos en medicina en manos de extranjeros que residen en el país, ejerciendo ilegalmente la medicina y más grave aún, en la atención de pacientes.

Se trata de Karla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) con el objeto social de servicios médicos, estéticos, faciales y corporales.

No posee registro mercantil ni permiso de la de la Dirección General de Impuestos Internos, además de que se anuncian en redes sociales como especialista en retiro de biopolímeros facial, endolifting, armonización facial e incluso citas ginecológicas con procedimientos de estética íntima, rejuvenecimiento con láser, relleno de labios mayores y aumento del punto g.

Otro de los servicios es el láser lipólisis que, según la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética en el país, Nathalie Díaz Lozana, es una liposucción asistida por láser y NO es un procedimiento que deba ser hecho por un médico estético, por ser un procedimiento invasivo, solo al alcance de cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos.

Este procedimiento tiene esa denominación para no denotar que es una liposucción o en otros casos se ha denominado como hidro lipoclasia aspirativa.

En una entrevista de una supuesta paciente enviada para fines de la investigación, la supuesta doctora le explica que se utilizará la punta de un láser para disolver la grasa y con una cánula chiquita y delgada se retira la grasa corporal. Toda esta explicación dada con cámara oculta para estos fines.

La supuesta doctora exhibe un certificado de técnicas de rejuvenecimiento facial y otro de un congreso de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica en el 2021 en Punta Cana, incluso con fotos de la actividad en ese sitio.

Dichas actividades no dan ningún aval absolutamente de nada para el ejercicio profesional y para su participación, y pueden conseguirla mediante cupos comprados en agencias de viajes, no a través de sociedades médicas.

Tampoco se le observó el certificado de postgrado otorgado por la Universidad Central de Venezuela que la acredite en cirugía plástica y reconstructiva, ni siquiera se tuvo acceso a ver el título de Médico Cirujano de la universidad que ella refiere en sus estudios.

Además, tiene ausencia de registros de homologación y le falta la colegiatura ante el Colegio de Médicos Dominicano ni el Exequatur para ejercer en el país. Como falla más grave está que usa el registro de otra persona que trabajó con ella en otro consultorio y la cual no le dio su permiso para usarlo.

Por último, la investigación arrojó pistas de fallas en la introducción de los documentos requeridos para la regularización de la especialidad en el país y sugiere estar en comunicación abierta entre el Ministerio de Salud y los colegios médicos que procesan estas solicitudes de homologación.

Vea usted mismo el video.