La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) ha marcado un hito histórico al sancionar por primera vez un caso de colusión en las contrataciones públicas. Dos empresas distribuidoras de insumos alimentarios para las cárceles fueron encontradas culpables de haber acordado precios y condiciones de venta de manera anticompetitiva.
Este logro ha sido destacado por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien ha reconocido los avances de ProCompetencia en la promoción de la transparencia y la integridad gubernamental.
La investigación de ProCompetencia reveló una serie de indicios que apuntaban a un acuerdo colusorio entre las empresas, incluyendo la relación familiar entre sus accionistas y la coincidencia en sus propuestas. Gracias a la colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), se pudo determinar que las empresas habían perjudicado al Estado dominicano al manipular el proceso de licitación.
Esta sanción envía un mensaje claro a las empresas que se dedican a prácticas anticompetitivas: no habrá impunidad. Además, refuerza el compromiso del gobierno de garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.